Amianto, un peligro escondido en
nuestros centros educativos
El amianto es el nombre de un
grupo de minerales fibrosos conocidos y utilizados desde la antigüedad para la
construcción y que seguro que lo identificamos más fácilmente por su nombre de uralita
o fibrocemento. Sin embargo, no es hasta 1978 cuando el Parlamento Europeo lo
declarará producto cancerígeno al demostrarse que las fibras de este material
al degradarse pueden originar varios tipos de cáncer de pulmón y pleura así
como un tipo de fibrosis pulmonar. Siguiendo estas recomendaciones España
prohibía progresivamente la fabricación y comercialización de los diferentes
tipos de amianto hasta culminar con la prohibición total a su fabricación,
comercialización e instalación en el año 2002.
En cuanto al amianto ya instalado
en edificios una resolución del Parlamento Europeo del año 2013 estima que los materiales de amianto tienen una vida
útil de entre 30 y 50 años antes de empezar a degradarse. Sin embargo, el
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías reduce su vida útil a entre 30 y 35 años.
Además, si el amianto está aislado del aire que respiramos quizás no sea de
máxima urgencia su retirada, pero sí lo sería en caso de estar en contacto con
el ambiente como en el caso de las cubiertas y su desmontaje debería ser
realizado por una empresa especializada.
Tal es el caso de las cubiertas
de los gimnasios del CEIP San Isidro, uno de los centros escolares más antiguos de nuestra
localidad y construido en el año 1974, dándose además la circunstancia de que
las placas del aislamiento interno que separan el interior de la cubierta han
ido deteriorándose y cayendo al interior de los gimnasios con lo cual, además
del riesgo de impacto, han dejado que el amianto, no sabemos si degradado o no,
tenga contacto directo con el aire que respiran sus usuarios. Por lo tanto, la
vida útil de las cubiertas está más que superada y se hace urgente una
actuación sobre las mismas.
Parece que ahora, gracias a las
reiteradas peticiones del centro y de las familias agrupadas en su Asociación
de Madres y padres de Alumnos, así como a la visita de técnicos de prevención
de riesgos laborales del sindicato CCOO, el ayuntamiento de Aranjuez y la
Comunidad de Madrid van a empezar a moverse. Desde el ayuntamiento se ha
anunciado la contratación de una empresa para colocar las placas aislantes para
separar el amianto del interior de los gimnasios y técnicos de la Dirección
General de Infraestructuras van a visitar las instalaciones para ver su estado
y realizar mediciones.
Pero esto no es suficiente. Pese
a que en mayo de 2018 se aprobó por unanimidad una propuesta del pleno
municipal de Aranjuez presentada por el grupo ACIPA para que se hiciera un
inventario de instalaciones públicas priorizando las instalaciones sensibles
como colegios, instalaciones sanitarias o deportivas, así como un plan de
retirada paulatina exigiendo al resto de administraciones titulares de los
edificios que hagan lo propio parece que este no se ha llegado a realizar. Por
lo tanto, no conocemos el estado de nuestras instalaciones aunque se calcula
que hasta el 80% de los centros educativos pueden contener este elemento, sobre
todo los construidos entre los años 70 y 80 como es el caso de varios centros
de nuestro municipio.
También hay que recordar en abril
del 2018, el PSOE pidió al gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la
Asamblea, que se elaborase una lista de centros públicos que contuviesen
materiales de amianto con necesidad de realizar obras para su eliminación, y en
el mes de julio el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de
ley, presentada por Podemos, que instaba al Gobierno de la Comunidad a hacer
antes de fin de año un inventario de la presencia de amianto en centros
educativos y de trabajo, así como servicios centrales y universidades
dependientes de la Comunidad de Madrid. Tampoco se ha realizado.
Si bien los expertos y el marco
normativo actual coinciden en que el fin de la vida útil y el deterioro del
amianto es el punto de partida para su retirada, existe un vacío legal en
cuanto a la fecha de esa retirada, por eso para nosotros como Plataforma por la
Escuela Pública de Aranjuez es imprescindible que sean criterios técnicos los
que se apliquen. Por esta razón insistimos en la necesidad de disponer de
mediciones de amianto y de informes que avalen las decisiones tomadas. La
preocupación por la alarma social no debe ser en ningún caso argumento válido
para llamar a la tranquilidad a la comunidad educativa, sino, la información
real, contrastada, pública y firmada por los técnicos competentes que
garanticen el estado de las instalaciones.
Por eso desde la Plataforma por
la Educación Pública de Aranjuez exigimos al Ayuntamiento de Aranjuez que
realice un inventario de los centros educativos de la localidad para su
traslado a la Consejería de Educación, que es la titular de los centros, de
modo que ésta establezca las partidas económicas necesarias así como el
calendario de eliminación. Del mismo modo exigimos a la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid a que visite lo antes posible todos los centros
escolares de Aranjuez para la realización de su inventario y que se comprometa
a su retirada. El principio de precaución, en caso de duda, aconseja tomar
medidas protectoras a favor de los seres humanos.
